La Ley de Contratos del Sector Público te dice que, si un expediente se tramita por urgencia, determinados plazos se reducen a la mitad. Parece fácil: coges el plazo, lo divides entre dos y sigues con tu vida.
Hasta que te encuentras con uno de 15 días. La mitad son 7,5. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Dejamos siete días para presentar una oferta o concedemos ocho? ¿La urgencia justifica redondear hacia abajo o ese medio día debe jugar a favor de la concurrencia?
Una duda bastante más jurídica de lo que prometía la calculadora.
La urgencia en contratación pública: qué dice el artículo 119 LCSP
El artículo 119 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público permite tramitar urgentemente los contratos cuando exista una necesidad inaplazable o resulte necesario acelerar su adjudicación por razones de interés público. No basta con que a la Administración le venga bien terminar antes: el órgano de contratación debe declarar la urgencia y motivarla en el expediente.
La urgencia no crea un procedimiento de adjudicación nuevo. Se sigue el procedimiento correspondiente, pero con algunas especialidades: el expediente tiene preferencia de despacho y, una vez abierta la fase de adjudicación, los plazos establecidos en la LCSP para licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad, con las excepciones del artículo 119.2.b).
Y ahí está la cuestión. La LCSP habla de la mitad, pero no contiene una regla general que nos diga cómo redondear cuando el resultado es un número impar dividido entre dos.
Un plazo de 15 días para presentar ofertas: ¿en cuánto queda?
Vamos con un supuesto concreto, que en contratación siempre ayuda más que hablar de plazos en abstracto.
Una Administración licita un contrato de servicios no sujeto a regulación armonizada mediante el procedimiento abierto ordinario. El artículo 156.6 LCSP establece un plazo mínimo general de 15 días para presentar proposiciones. Como la ley no dice «hábiles», son días naturales, de acuerdo con su disposición adicional duodécima.
Imaginemos que la urgencia está debidamente justificada y que procede aplicar la reducción del artículo 119.2.b). La cuenta es esta: 15 ÷ 2 = 7,5 días.
¿Redondear a la baja por urgencia o al alza por concurrencia?
El argumento a favor de los siete días
La tramitación urgente existe para acelerar la contratación. Si hay razones de interés público que justifican abreviar una licitación, podría sostenerse que debemos aplicar el plazo más corto. Conceder ocho días, en vez de siete, parece ir un poquito contra esa finalidad.
No me parece un argumento absurdo. El problema es que, con siete días, no estamos reduciendo el plazo exactamente a la mitad, sino algo más de la mitad. Y la urgencia, por sí sola, no da permiso para recortar más de lo que permite la ley.
El argumento a favor de los ocho días
La interpretación contraria parte de la propia redacción del artículo 119. Si la ley autoriza una reducción a la mitad, conceder ocho días evita sobrepasar ese recorte. Y, además, hay algo que no deberíamos perder de vista: detrás de cada plazo de presentación de ofertas hay empresas que necesitan tiempo para preparar sus proposiciones.
La rapidez importa, claro. Pero también importan la libre concurrencia, la igualdad de trato y la proporcionalidad. Un día menos puede no cambiar demasiado la vida del órgano de contratación y, sin embargo, ser decisivo para un licitador.
Por cierto, no estamos solos con la calculadora. La Guía de contratación para Grupos de Acción Local, publicada por el Ministerio de Agricultura, recoge para el procedimiento abierto no SARA precisamente el ejemplo de 15 días ordinarios y 8 con urgencia.
Y el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco, en su Resolución 47/2016, también parte de un plazo urgente de ocho días naturales frente a los quince ordinarios, subrayando el perjuicio que acortar el tiempo de oferta puede ocasionar a la competencia. Eso sí, resolvía bajo la legislación anterior y no fijaba una regla general de redondeo.
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en su Instrucción de 11 de marzo de 2021, explica expresamente que 15 días reducidos a la mitad por exceso se convierten en 8. Ahora bien, interpreta un régimen especial de contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación cuya norma utiliza esas palabras. Sirve de apoyo, pero no podemos presentarla como una regla de redondeo expresamente contenida en el artículo 119 LCSP.
Ojo: hay plazos de 15 días que NO pasan a 8
Aquí está la trampa que no deberíamos pasar por alto en un supuesto práctico. Que aparezcan «15 días» en la LCSP no significa que podamos dividirlos automáticamente entre dos.
Primero, el procedimiento abierto simplificado. El artículo 159.3 establece un mínimo ordinario de quince días para presentar proposiciones, pero el artículo 159.5 excluye expresamente la reducción de plazos del artículo 119.2.b). Por tanto, no debemos coger esos quince días y transformarlos en ocho por el mero hecho de declarar la urgencia.
Segundo, los quince días hábiles de espera antes de formalizar determinados contratos. El artículo 119.2.b).1.º exceptúa expresamente el plazo del artículo 153.3. Tampoco se reduce.
Y tercero, cuidado con los contratos sujetos a regulación armonizada. La LCSP establece especialidades para la presentación de ofertas en el procedimiento abierto y en otros procedimientos. No podemos aplicarles sin más la división genérica: hay que acudir a las excepciones del artículo 119 y a los plazos específicos, como el del artículo 156.3.b).
Es decir, primero identificamos el procedimiento y el plazo; después comprobamos si admite reducción; y solo al final calculamos la mitad. Cambiar este orden es una manera estupenda de equivocarse con mucha seguridad.
Mi opinión: ocho días, aunque no lo convertiría en una verdad absoluta
En el supuesto que hemos visto —procedimiento abierto ordinario no SARA, plazo de quince días y reducción por urgencia legalmente aplicable— me quedaría con ocho días naturales.
Sobre todo, porque me parece la interpretación más respetuosa con el alcance de la reducción legal. A ello se suman la protección de la concurrencia y los criterios administrativos que hemos visto. Si tenemos que elegir entre recortar algo más de la mitad o algo menos, no encuentro buenas razones para que la duda juegue automáticamente contra el licitador.
Pero tampoco afirmaría que el artículo 119 resuelve expresamente el redondeo, porque no lo hace. La distinción es importante: una cosa es una solución interpretativa bien fundada y otra una regla escrita sin margen de discusión.
En definitiva, los ocho días me parecen la respuesta más razonable. Siempre que estemos hablando, claro, de uno de los plazos que la LCSP permite reducir. Porque antes de discutir si son siete u ocho, conviene asegurarse de que no siguen siendo quince.
Si quieres repasar el marco general, tienes la guía de la LCSP para opositores y un supuesto práctico de contratación resuelto para aplicar estas diferencias.
La LCSP tiene demasiadas excepciones para estudiarla de memoria y a ciegas
En mi manual de la Ley de Contratos trabajo la norma con explicaciones, esquemas y matices prácticos para que puedas entender qué regla se aplica en cada caso.
Ver el manual de la LCSP





